Si Pangloss estuviera aquí, sin duda nos haría ver, resignado, que nuestro debilitado Estado de bienestar es el mejor de los posibles. El imbécil optimista habría deducido de inmediato que los recortes sociales son efecto inevitable de la crisis y que esta apareció precisamente para que se produjeran aquellos. Tal es el talante de quienes no dejan de repetirnos, como un mantra, que los recortes en el gasto público son la única salvación de lo que nos queda de Estado social. Falso.
Es obvio que el crecimiento de los servicios sociales en los últimos años ha sido exponencial. El reconocimiento de nuevos derechos, como la atención a la dependencia, y la necesidad de actuar ante turbias perspectivas demográficas y de gasto sanitario han supuesto, es verdad, el incremento del gasto público, como también nuevos cuidados a cientos de miles de personas, lo que era de justicia.
Percibir los servicios sociales (o la educación, o la sanidad) como un gasto público desbocado que hay que frenar a toda costa, es tan absurdo y falaz como el razonamiento del personaje de Voltaire.
Por cada millón invertido en servicios sociales retornan a las arcas públicas un 44% en forma de impuestos y cotizaciones sociales. Algunos estudios apuntan a tasas de retorno superiores al 65% si se considera el ahorro en prestaciones por desempleo. La generación de empleo por millón invertido en política social se sitúa entre 25 y 35 puestos de trabajo netos, estables y no deslocalizables. Podemos invertir mejor lo que gastamos, pero nunca podremos gastar lo que no recaudemos.
Pero aún hay más. Los servicios sociales son en esencia un factor protector de la cohesión social, y mucho más cuando las situaciones de dificultad económica agobian a tantas familias. Esa cohesión de la que aún disponemos es clave para que la recuperación económica y moral se acelere lo más posible. No nos dejemos encerrar en el estrecho túnel del recorte inmisericorde y ciego. Exijamos sensibilidad hacia los problemas reales de la ciudadanía, visión de Estado para las políticas sociales, e inteligencia económica. Hay salida.
Luis Barriga es miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Es obvio que el crecimiento de los servicios sociales en los últimos años ha sido exponencial. El reconocimiento de nuevos derechos, como la atención a la dependencia, y la necesidad de actuar ante turbias perspectivas demográficas y de gasto sanitario han supuesto, es verdad, el incremento del gasto público, como también nuevos cuidados a cientos de miles de personas, lo que era de justicia.
Percibir los servicios sociales (o la educación, o la sanidad) como un gasto público desbocado que hay que frenar a toda costa, es tan absurdo y falaz como el razonamiento del personaje de Voltaire.
Por cada millón invertido en servicios sociales retornan a las arcas públicas un 44% en forma de impuestos y cotizaciones sociales. Algunos estudios apuntan a tasas de retorno superiores al 65% si se considera el ahorro en prestaciones por desempleo. La generación de empleo por millón invertido en política social se sitúa entre 25 y 35 puestos de trabajo netos, estables y no deslocalizables. Podemos invertir mejor lo que gastamos, pero nunca podremos gastar lo que no recaudemos.
Pero aún hay más. Los servicios sociales son en esencia un factor protector de la cohesión social, y mucho más cuando las situaciones de dificultad económica agobian a tantas familias. Esa cohesión de la que aún disponemos es clave para que la recuperación económica y moral se acelere lo más posible. No nos dejemos encerrar en el estrecho túnel del recorte inmisericorde y ciego. Exijamos sensibilidad hacia los problemas reales de la ciudadanía, visión de Estado para las políticas sociales, e inteligencia económica. Hay salida.
Luis Barriga es miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
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