MANIFIESTO DEL 5º ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LEY DE LA DEPENDENCIA

Buenos días a todas y todos, valencianas y valencianos de bien.Nos hemos reunido hoy aquí, personas en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, personas con trastornos mentales, familias, vecinas y vecinos, trabajadoras y trabajadores del sector de Servicios Sociales, y ciudadanía en general, para, de alguna manera, celebrar el 5º aniversario de la aprobación, el 14 de diciembre de 2006, por mayoría absoluta en las Cortes Generales, de la “Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia” (LAPAD).Esta Ley supuso un impulso en la protección social y la ampliación de las prestaciones en el ámbito del cuarto pilar del Estado de Bienestar, creando un derecho subjetivo que ha empezado a garantizar, aunque sea modesta e irregularmente, la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia.Estamos indignad@s porque nuestros gobernantes y responsables del desarrollo de las políticas de Bienestar Social, y en concreto del cuarto pilar, de las que afectan a los Servicios Sociales, y entre ellas de la aplicación de la LAPAD, no se han preocupado de las personas y sí del CIRCO MEDIÁTICO, desplazadas por la priorización en grandes eventos, con la excusa de poner a la Comunidad Valenciana en el llamado “mapa mundial”, olvidándose de que la prioridad son las personas.La situación actual de la aplicación de la LAPAD en la Comunidad o País Valenciano,, más que de parálisis, es de REGRESIÓN O RETROCESO, según los datos oficiales del IMSERSO, refrendados por la administración valenciana (son los que tenemos). Y esto afecta igualmente a todas las prestaciones incluidas en el Catálogo de Servicios de la Ley.Señor Fabra, presidente de tod@s l@s valencian@s, le pedimos valentía política para relanzar la implementación de la Ley y atender a todas las personas en situación de dependencia. Consideramos que la Ley sí es viable y sólo depende para impulsarla de la voluntad política de quien nos gobierna y del acuerdo con los grupos políticos de la oposición. Vd. es responsable de marcar las prioridades de inversión y gasto en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Le pedimos que priorice la inversión y el gasto en políticas de Bienestar Social y Servicios Sociales, garantizando su sostenibilidad y la atención de las necesidades básicas de las valencianas y valencianos, la protección social y la no discriminación de las personas, como establece la Constitución Española.Anunciamos nuestra integración en la “Alianza en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”, consolidada ya a nivel estatal y en fase de constitución en el País Valencià.Nos solidarizamos con todas las personas, trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales y Entidades que, con su compromiso y esfuerzo, están llevando a cabo un gran trabajo, en muchos casos poniendo su salud y patrimonio en riesgo. Todo ello en defensa del desarrollo y autonomía personal y la dignidad de las personas con diversidad funcional, personas con enfermedad mental, centros especiales de empleo y otros del sector de la discapacidad en la Comunidad Valenciana (centros ocupacionales, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, centros formativos y educativos, etc.).La estrategia de superación de la crisis actuando sobre el "gasto" que está elaborando Europa, el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos, está demostrando que afecta directamente a los 4 pilares del bienestar social: pensiones, educación, sanidad y los servicios sociales. Los servicios sociales, como pilar esencial del estado de bienestar de una sociedad, están así atravesando momentos complicados. Las políticas de servicios sociales: la atención a la discapacidad, a los menores, a la juventud, a nuestros mayores, a las personas en situación de dependencia, a las personas en riesgo de exclusión social o excluidas, a las toxicomanías, a las personas con enfermedad mental, a las mujeres víctimas de violencia, etc. se encuentran en un momento crucial. Los presupuestos de la GV mantienen aparentemente su compromiso con estas políticas, pero la realidad de impago por las prestaciones destinadas a estos colectivos nos dicen otra cosa.El 90% de las prestaciones en servicios sociales están externalizadas por parte de la GV. Es decir, las realizan empresas o entidades con o sin ánimo de lucro. Estas entidades y empresas están atravesando periodos insufriblemente largos en los que no reciben el dinero comprometido con ellas para poder realizar esta prestación. A final de 2011 serán cientos las entidades o empresas que dejen de prestar sus servicios a la atención a estos colectivos por el impago de la GV. Y entonces, ¿quién atenderá a las personas con discapacidad? ¿quién se hará cargo de las mujeres maltratadas o de los menores o de los mayores o de las personas en situación de dependencia o con enfermedad mental?Por último, pero no menos importante, si estas empresas o entidades cierran, más de 40.000 trabajadores y trabajadoras engrosarán las listas del paro.EXIGIMOS:- A la Generalitat Valenciana, y al Sr. Fabra, el pago adeudado a las empresas y entidades del sector de los Servicios Sociales, de los atrasos de ayudas del ejercicio 2010 y 2011, así como un compromiso que garantice la pervivencia del sector a partir de 2012.- El pago de las prestaciones económicas a l@s cuidadoras/es familiares (PECEFS) dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al vencido.- La creación de una comisión de seguimiento y mejora de la implementación de la LAPAD, en las cortes generales (Congreso y/o Senado), donde nos personaremos todos los sectores implicados.- La mejora de la financiación de la LAPAD, tanto por parte de la Administración General del Estado como de las CCAA., con cambios en el modelo de financiación: que mejoren las aportaciones a las prestaciones de servicios sin dejar de adaptarse al coste real de los mismos.- El cambio urgente de la gestión de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y el cumplimiento de los plazos previstos por la Ley, desde la solicitud hasta la resolución del Programa Individual de Atención (PIA); o sea, una resolución del expediente con la adjudicación de las prestaciones correspondientes en seis meses, sin esperar a la generación del derecho por ley de la retroactividad. - Acabar con la discriminación de l@s valencian@s con el resto de ciudadan@s español@s. Debemos salir ya de la cola en la aplicación de la LAPAD, dónde estamos como indican las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).- La integración de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMADs) en la red de Servicios Sociales de los Ayuntamientos.- Incrementar el número de personas beneficiarias de la Ley en la Comunidad Valenciana respecto a la población general (2’13 %), hasta llegar al menos a la media nacional (3’40 %).- Que todas las personas que tienen derecho a la aplicación de la Ley (Dictamen Grado y nivel) reciban las prestaciones en un plazo no superior a los tres meses, acabando con el “Limbo de la Dependencia” (31.295 personas en situación de dependencia). Una persona en situación de dependencia que viva en la CV tiene la mitad de posibilidades de recibir una prestación por la LAPAD.- El desarrollo del Catálogo de Servicios previsto en la Ley, con la creación de una Red Pública de Atención a la Dependencia; lo cual llevaría consigo la creación de puestos de trabajo cualificados, la liberación de la carga para la mujer que supone tradicionalmente el cuidado familiar, su integración al mercado de trabajo, etc.- La realización de los cursos específicos y obligatorios según dice la Ley para cuidadores no profesionales en el entorno familiar, buscando la mejora en la calidad del cuidado de las personas dependientes.- La mejora del Baremo de Valoración actual, para las personas con diversidad funcional y con enfermedad mental.- La puesta en marcha urgentemente del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave , construido y equipado en Valencia desde hace más de un año pero sin haber entrado en funcionamiento.- La modificación por la vía de urgencia de la disposición final 7ª párrafo 2º, de la Ley 39/2011 de Jurisdicción Social, con objeto de que entre en vigor en el menor plazo posible para las denuncias judiciales que afectan a las personas en situación de dependencia.