La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales plantea al Gobierno trasladar el modelo de protección jurídica de las empresas a las familias
"La cohesión social está en peligro. Las familias ya no pueden aguantar el peso de la crisis". Con esta denuncia del presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, la organización entregó ayer a la Comisión de Justicia del Congreso su propuesta para que la quiebra no castigue siempre a los más indefensos.
La asociación ya ha planteado al Gobierno trasladar el modelo de protección jurídica de las empresas a las familias. "En el resto de países de la OCDE hay fórmulas para tratar la quiebra de las familias. Un profesional media entre estas y sus acreedores", defendió Luis Barriga, miembro de la asociación. Los trabajadores sociales cuentan con los conocimientos y experiencia para hacerlo. Sólo si esta fase falla, se acudiría a los tribunales.
La experiencia en otros países, explicaron, muestra que "de tres a cinco años", muchas familias consiguen salir del hoyo. Embargarles la casa, los bienes y deshauciarles sólo empeora la situación, denunciaron. "Lo que el Estado no gaste ahora en protección social, lo gastará en seguridad ciudadana", advirtió Ramírez. Porque empujar a la gente a la calle, a la pobreza, no tiene vuelta atrás. Salir de la exclusión es muy difícil. Una de cada cinco personas corre este riesgo en España.
"La cohesión social está en peligro. Las familias ya no pueden aguantar el peso de la crisis". Con esta denuncia del presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, la organización entregó ayer a la Comisión de Justicia del Congreso su propuesta para que la quiebra no castigue siempre a los más indefensos.
La asociación ya ha planteado al Gobierno trasladar el modelo de protección jurídica de las empresas a las familias. "En el resto de países de la OCDE hay fórmulas para tratar la quiebra de las familias. Un profesional media entre estas y sus acreedores", defendió Luis Barriga, miembro de la asociación. Los trabajadores sociales cuentan con los conocimientos y experiencia para hacerlo. Sólo si esta fase falla, se acudiría a los tribunales.
La experiencia en otros países, explicaron, muestra que "de tres a cinco años", muchas familias consiguen salir del hoyo. Embargarles la casa, los bienes y deshauciarles sólo empeora la situación, denunciaron. "Lo que el Estado no gaste ahora en protección social, lo gastará en seguridad ciudadana", advirtió Ramírez. Porque empujar a la gente a la calle, a la pobreza, no tiene vuelta atrás. Salir de la exclusión es muy difícil. Una de cada cinco personas corre este riesgo en España.
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