Analizada
la nota de prensa evacuada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con motivo del último acuerdo del Consejo de Ministros en lo referido
al Sistema de Atención a la Dependencia, la Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales manifiesta lo siguiente:
1º.- Es necesario explicar a la ciudadanía que el
incremento de 117 millones de euros para el nivel mínimo garantizado no es
fruto de ninguna especial sensibilidad hacia las personas dependientes, ni
mucho menos una “medida que el Gobierno ha puesto en marcha a favor de las
personas con discapacidad”, sino que obedece al obligado cumplimiento de la
financiación a las CC.AA. en función de las personas dependientes reconocidas y
atendidas. De hecho, la lectura técnica de dicha ampliación de crédito es la de
la falta de rigor en la previsión provocando un desfase entre
presupuesto y gasto de un 8,3% en dicha partida. Es de suponer que ni el
Sr. Montoro ni la troika comunitaria estén muy contentos con ello.
2º.- Con todo, hay que recordar que el demoledor Real
Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio redujo este nivel mínimo de financiación en
un 14%. De no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema,
el estado tendría que haber ampliado su aportación no en los 117 que se
indican, sino en algo más de 136 millones de euros.
3º.-
Ahora bien, si la reforma de la Ley en julio hubiese ido en el sentido de
cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%) entre las CC.AA. y la
Administración General del Estado, el Ministerio debería aportar 3.000 millones
de euros (muy lejos de los 1.405 que se dice abonarán en 2012). No es ahorro.
Los 1.600 millones que faltan deberán ser anotados en los deficitarios y
exhaustos presupuestos autonómicos.
4º.-
Durante 2010 el incremento de personas atendidas (saldo altas/bajas PIA) fue de
197.638 personas. El año siguiente -2011- fueron 83.427 las personas
que engrosaron las listas de atendidos. Reconoce el Ministerio que en 2012, el
saldo de atendidos se ha incrementado tan solo en 21.252 personas. La
destrucción y total paralización del sistema es tan evidente que no merece que
le dediquemos más cálculos.
5º.-
Sabemos que al Ministerio le molesta mucho que se hable de desatención y
de fallecimientos pero, considerando que en la actualidad hay en espera
231.854 personas con derecho reconocido, el dato de 21.252 incorporados en todo
un año supone, a ese ritmo, una espera de casi once años para atender la
totalidad de expedientes acumulados. La presunta nueva “agilidad” (74.000
personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a
atención a las personas con dependencia moderada.
La
intención última de un Gobierno que ha recortado 835 millones de euros al
sistema en 2012 parece desvelarse en la redacción de un glorioso párrafo de la
nota de prensa ministerial: “Ninguna de estas medidas centradas en la
reducción del gasto del Sistema de Dependencia y orientadas a convertir en
sostenible un modelo acuciado por la escasez de recursos ha evitado, sin
embargo, que éste deje de funcionar.”
Lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y
delicado como es este, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer
una venta política tan desatinada y manipuladora de la realidad. Exigimos pleno
respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente, de las personas
dependientes y de sus familias.
(*)
Demagogia = Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos,
mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los
ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. (DRAE, 22ª edición)
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