Málaga, 30 -09-2014
Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 contemplan la congelación de todas las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la Dependencia, que habían sufrido fuertes recortes en el anterior ejercicio.
3 € es lo que aportará la Administración General del Estado en el año 2015 por cada persona que atienden los servicios sociales. En los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se reconoce que hay casi 1,5 millones más de personas atendidas en los servicios sociales, que han pasado de 6.874.312 personas a 8.319.124 (un incremento del 18%). Sin embargo, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales –que es la partida destinada a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales-, se mantiene en 27.413.730 €, una cifra similar a la del año anterior. Así, el Estado hace que en la práctica esta congelación signifique una reducción efectiva, cuyo significado es fácil de entender con una simple división: 3 € en todo el año por cada persona que atienen los servicios sociales a los que acuden en primera instancia en sus Ayuntamientos más de 8 millones de personas, que son las más afectadas por la crisis; Esa es la cifra con la que la Administración General del Estado colabora con las entidades locales para responder a su situación. Incalificable.
Más recursos para iniciativas sin ánimo de lucro que para las entidades públicas que atienden a las personas más necesitadas. 100 millones de euros destinan los Presupuestos Generales del Estado para apoyar a las ONGs en sus programas de servicios sociales, pero sólo 63 millones para colaborar con las Comunidades Autónomas en estos mismos programas. Una diferencia que expresa a las claras la intención del Gobierno de la Nación de abandonar las responsabilidades de las Administraciones Públicas respecto a la cobertura de las necesidades más básicas de sus ciudadanos empobrecidos por la crisis o en riesgo de exclusión, y delegar estas responsabilidades en las ONGs, al más puro estilo del viejo modelo benéfico y asistencial que la Constitución de 1977–que tanto exhiben en otros aspectos-, había superado en España.
176.667 personas seguirán sin recibir las prestaciones y servicios a los que tiene derecho por su situación de dependencia. Las partidas para el Sistema de Atención a la Dependencia se mantienen, así mismo, congeladas en 2015, tras el importante recorte de 285 millones de euros por la supresión del "nivel acordado" y la reducción del 13% en el "nivel mínimo" que se produjo en el anterior ejercicio. Así, la única manera de atender a las 170.000 personas que tienen reconocido el derecho a recibir atenciones y servicios por su situación de dependencia y que no están siendo atendidas–Limbo de la Dependencia-, será a partir del ahorro que genere la baja en el Sistema, por fallecimiento, de algunos de sus actuales beneficiarios. Esta es la crueldad de la medida: fiar el derecho de estas 170.000 personas no a la aportación de los Presupuestos Generales del Estado, sino al fallecimiento de algunas de quienes actualmente están recibiendo prestaciones y servicios.
Recortes sobre recortes: el descompromiso de la Administración General del Estado con las personas más necesitadas. Es importante recordar que la aportación de la Administración General del Estado a los servicios sociales y a la atención a la dependencia representó en 2013 sólo el 12,1% del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas (1.811 millones de euros), mientras que las Comunidades Autónomas aportaron el 62,9% (9.424 millones) y las Entidades Locales el 25,0% (3.747 millones). Así mismo, el recorte en servicios sociales entre los años 2011 a 2013 ha sido mucho más acusado por parte de la Administración General del Estado (937 millones de euros menos en 2013 que en 2011, un recorte del 37,3%) que de las Comunidades Autónomas (1.253 millones menos, un recorte del 10,5%) y que las Entidades Locales (983 millones menos, un recorte del 20,7%). De ahí que la congelación anunciada en 2015 para todas las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la dependencia, tengan una significación especialmente negativa para este sector tan necesario en unos momentos como los actuales, para garantizar las necesidades básicas de las personas más perjudicadas por la situación de crisis, y para contener el paso de muchas de ellas de la pobreza a la exclusión social. Casi 8 millones y medio de personas empobrecidas, y muchas de ellas en riesgo de exclusión social, abandonadas a su suerte en los Presupuestos Generales del Estado para 2015.
Para más información:
José Manuel Ramírez Navarro.Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
2 comentarios:
Si es k somos masocas aun encima votamos a estos degeneraos
Es verdad la gente parece tonta
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