jueves, 18 de junio de 2015

NOTA DE LA COORDINADORA DE LAS PLATAFORMAS DE LA DEPENDENCIA DEL PAÍS VALENCIÀ.

¡¡¡ IMPORTANTE!!!

En las últimas semanas, familiares de personas dependientes nos habéis estado informando de la recepción de notificaciones por parte de la Conselleria de Benestar Social, en la que se os insta a presentar la Declaración de la Renta correspondiente al Ejercicio 2013. La mayoría de estas notificaciones, además van dirigidas a personas dependientes menores de edad. Tras consultar con el todavía Secretario Autonómico, Manuel Escolano, este nos confirmaba que se trataba de un simple procedimiento administrativo, por el que de oficio, o a instancia de la persona interesada, se requerían esos datos para calcular o modificar la capacidad económica, algo que nos resulta incomprensible, dado que el TSJ ya dejó claro que no es aplicable ningún tipo de capacidad económica a la persona beneficiaria, toda vez que declaró nulos los recortes en las prestaciones. Por lo tanto, lo que tendría que hacer la Conselleria de Benestar, es revisar de oficio todas las prestaciones –no para modificar la capacidad económica- sino para restaurar las cuantías que establece el gobierno central derogando todos los copagos.
Todo esto, agravado por el hecho de que la mayoría de estas cartas están dirigidas a personas dependientes menores de edad. Debiera saber la Administración que l@s menores no tienen capacidad legal, como tampoco la tienen las personas incapacitadas por sentencia judicial, por lo que cualquier notificación dirigida directamente a ell@s no surte efecto. A mayor abundamiento, la mayoría de estas personas, en su caso padres, madres o tutores legales firmaron una autorización de consulta de sus datos fiscales, por lo que no tiene justificación que se les tenga que importunar solicitándolos de nuevo, cuando la Administración tiene acceso a ellos.
Paralelamente, y sin relación con lo expuesto anteriormente, también están empezando a llegar las resoluciones correspondientes a las revisiones de grado y nivel en casos en los que se produjo un agravamiento de grado respecto sin que se hubiera adecuado o aumentado la la prestación al nuevo grado. En todo caso, y como ya indicamos hace unas semanas, cuando en plena campaña electoral empezaron a llegar de forma masiva nuevas resoluciones, aconsejar a las personas beneficiarias o a sus familias que se asesoren de que dichas cuantías y las fechas desde que se conceden los atrasos han sido correctamente calculadas dado que la experiencia nos dice que la Administración no suele pagar los atrasos íntegros.

Respeto, Dignidad y Justicia Social.
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El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana
Angélica Such

El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".

Dos años después y siguen esperando

Dos años después y siguen esperando
Miguelito y Jorge

Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.

El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.

LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO

UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años

Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.