martes, 15 de diciembre de 2015

El colectivo de la Dependencia denuncia manipulación de Rajoy en las cifras que ofreció en el debate con Pedro Sánchez

La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD), que representa a los dependientes de nuestro país, ha rechazado los datos facilitados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en el debate televisivo que mantuvo este
lunes con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez y señalan en un comunicado que "ante la vergonzosa manipulación  y mentiras" de Rajoy, "lo mínimo que se le debe exigir a un candidato a presidir nuestro país es el respeto a  la verdad y el respeto a la memoria de las familias de los màs de 125.000 dependientes fallecidos.
En este sentido, la Coordinadorra recuerda que según los datos oficiales del IMSERSO, "organismo nada sospechoso de tener sesgo político distinto al partido que encabeza el señor Rajoy", inican que en los últimos cuatro años, "más de 74.000 familias con dependientes a su cargo, muchos de ellos con niños con enfermedades mortales, han perdido la prestación que recibían"
Además, señalan que durante esta legislatura "se han multiplicado por todo el país los milagros marianos, milagros por los que, de un día para otro, un gran dependiente dejaba de serlo y se producía la curación milagrosa" y agregan que "a fecha de hoy, MAS DE 400.000 dependientes con derecho a ser atendidos no reciben ninguna prestación o servicio a lo que hay que añadir que más de 102.000 solicitudes ni siquiera han sido aún valoradas".
"Durante la legislatura que ahora finaliza, el señor Rajoy y su gobierno han permitido que a niños con parálisis cerebral severa y grandes dependientes se les retirara la prestación que recibían porque asistían a un centro de enseñanza reglada. Se ha permitido que a niños con Síndrome de Ondine que producen la muerte si se quedan dormidos sin estar conectados a una máquina se les valorara como dependiente moderado, que a niños de 13 años grandes dependientes y que a pesar de informes de los trabajadores sociales se les denegara prestación económica para que pudiera ser cuidados por su madres o padres y murieran a màs de 100 km de ella", añade el comunicado.
A la vista de estas situaciones, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español exige "al menos respeto a la memoria de cientos de miles de dependientas, muchos de ellos niños que han muerto en el más absoluto desamparo" y afirman que "presumir -como hizo el presidente del Gobierno- de una falsa reducción en las listas de espera cuando ésta hay que buscarla en los cementerios de toda España es, al menos, ruin y le cataloga como candidato y sobre todo como persona", concluyen.

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El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana

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Angélica Such

El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".

Dos años después y siguen esperando

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Miguelito y Jorge

Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.

El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.

LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO

UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años

Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.