Las Plataformas en defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) de la Comunitat Valenciana, junto con la Coordinadora Estatal de Plataformas consideramos un desacierto las valoraciones realizadas por Rajoy según las cuales no es viable desde un punto de vista económico el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, por lo que anuncia reformas sustanciales.
La ley de la Dependencia es un derecho subjetivo y universal, de la misma manera que lo es el derecho a la educación o la sanidad. El Partido Popular votó a favor de la aprobación de la ley en el Parlamento hace ya cinco años.
Las palabras de Rajoy han despertado la preocupación de las Plataformas, las familias y de los ciudadanos que hemos venido denunciando los incumplimientos y la opacidad seguida en la puesta en marcha de la Ley en distintas comunidades autónomas.
Sería muy interesante conocer en qué basa esa afirmación. La protección a las personas en situación de dependencia tiene un coste. Como toda política social y, en consecuencia, todos quienes tenemos alguna responsabilidad en estas políticas, como gobernantes o como gestores, estamos obligados a procurar tanto la calidad en la atención, como la eficiencia para se lleve a cabo con el menor coste posible.
Nosotros somos un colectivo muy débil, un colectivo silencioso, porque nos han silenciado culturalmente durante muchos años. Ahora, desde hace 5 años, con la Ley de Dependencia hemos salido del túnel del olvido, hemos visto la luz de la integración laboral y social, hemos palpado la igualdad de oportunidades que nos ha dado esta Ley.
Por eso no podemos permitir estas declaraciones que pueden eliminar nuestros derechos.
Por eso no podemos permitir estas declaraciones que pueden eliminar nuestros derechos.
Podíamos esperar una cierta insensibilidad pero no tanta insensatez. Esa afirmación supone mucho más que el anuncio de un gravísimo recorte presupuestario; es, sobre todo, un recorte de derechos sociales que no nos gustaría se convirtiera en el modus operandi de un presunto futuro gobierno del Sr. Rajoy.
Adela Cortina, filosofa de la ética, dice que “Quien lleve a cabo estos recortes camina hacia el suicidio por falta de justicia y por falta de prudencia”, “El Estado de Bienestar…es una conquista a la que no podemos renunciar”.
Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.
Si se cuestiona la viabilidad de la Ley de la Dependencia, se cuestiona el futuro de casi 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neta de otros tantos.
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente.
Adela Cortina, filosofa de la ética, dice que “Quien lleve a cabo estos recortes camina hacia el suicidio por falta de justicia y por falta de prudencia”, “El Estado de Bienestar…es una conquista a la que no podemos renunciar”.
Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.
Si se cuestiona la viabilidad de la Ley de la Dependencia, se cuestiona el futuro de casi 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neta de otros tantos.
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente.
Por ello, exigimos una rectificación inmediata, debido en parte a la inexistencia de razones económicas que justifican tal declaración de intenciones, pero principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio.
Declaraciones como esta nos indigna. Sí, estamos indignados pero no resignados. No podemos ahora ser pesimistas ni conformistas. Después de cuatro años luchando contra el boicot, la insensibilidad y el desastre en la aplicación de la Ley por parte del Gobierno Valenciano del Partido Popular, estamos ya curtidos y somos corredores de fondo capaces de seguir dando la batalla ante tanta insensateces, tanta desvergüenza y tantos atropello.
¡¡¡ EXIGIMOS LA APLICACIÓN DE LA LEY EN TODOS SUS TÉRMINOS”
PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (LAPAD)
PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (LAPAD)
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