COMUNICADO DE PRENSA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
EL CUESTIONAMIENTO DE LA LEY DEJARÍA A 1.600.000 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN MANOS DE LA CARIDAD.
EL CUESTIONAMIENTO DE LA LEY DEJARÍA A 1.600.000 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN MANOS DE LA CARIDAD.
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, constituidas por personas en situación de dependencia, familiares, trabajadoras/es, colectivos y entidades sociales: AAVV, Colegios Trabajadores Sociales, Sindicatos, y ciudadanía en general, comprometida con la aplicación justa de la Ley; considera un desacierto las valoraciones realizadas por Rajoy según las cuales no es viable desde un punto de vista económico este sistema de atención, por lo que anuncia reformas sustanciales.
Las palabras de Rajoy han despertado la preocupación de las Plataformas, que han venido denunciando los incumplimientos y la opacidad seguida en la puesta en marcha de la Ley en distintas comunidades autónomas.
La Coordinadora nació con el objetivo de vigilar la aplicación uniforme y equitativa de la Ley en el conjunto del territorio nacional. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente.
Todas estas personas verían peligrar sus derechos, que deberían sufragar con recursos económicos propios o encomendarse a la caridad.
La Coordinadora exige a Rajoy que documente sólidamente sus declaraciones o guarde silencio, y le recuerda que el Partido Popular participó activamente en la redacción de la norma.
Una justificación que debe acreditar principalmente en relación con aquellas comunidades autónomas que, durante el período de bonanza económica, boicotearon deliberadamente la aplicación o manifestaron abiertamente su voluntad de privatizarla.
En opinión de la Coordinadora, este nuevo anuncio se enmarca dentro de un contexto de propuestas de privatizaciones y desregulaciones formuladas aprovechando el contexto favorable de la crisis que buscan incrementar las desigualdades entre los españoles y discriminar a las clases más desfavorecidas de la sociedad.
Por ello, exige una rectificación inmediata, debido en parte a la inexistencia de razones económicas que justifican tal declaración de intenciones, pero principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio.
MÁS INFORMACIÓN:
Enrique Rivas, Plat. CLM: 664757963
Ana Sánchez, Observatorio Social de la Dep. C. Madrid:690837365.
Jaime-Esteban Garcia, Coordinador Estatal: 651843724
coordinadoraestatalplataformas@gmail.com
Las palabras de Rajoy han despertado la preocupación de las Plataformas, que han venido denunciando los incumplimientos y la opacidad seguida en la puesta en marcha de la Ley en distintas comunidades autónomas.
La Coordinadora nació con el objetivo de vigilar la aplicación uniforme y equitativa de la Ley en el conjunto del territorio nacional. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente.
Todas estas personas verían peligrar sus derechos, que deberían sufragar con recursos económicos propios o encomendarse a la caridad.
La Coordinadora exige a Rajoy que documente sólidamente sus declaraciones o guarde silencio, y le recuerda que el Partido Popular participó activamente en la redacción de la norma.
Una justificación que debe acreditar principalmente en relación con aquellas comunidades autónomas que, durante el período de bonanza económica, boicotearon deliberadamente la aplicación o manifestaron abiertamente su voluntad de privatizarla.
En opinión de la Coordinadora, este nuevo anuncio se enmarca dentro de un contexto de propuestas de privatizaciones y desregulaciones formuladas aprovechando el contexto favorable de la crisis que buscan incrementar las desigualdades entre los españoles y discriminar a las clases más desfavorecidas de la sociedad.
Por ello, exige una rectificación inmediata, debido en parte a la inexistencia de razones económicas que justifican tal declaración de intenciones, pero principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio.
MÁS INFORMACIÓN:
Enrique Rivas, Plat. CLM: 664757963
Ana Sánchez, Observatorio Social de la Dep. C. Madrid:690837365.
Jaime-Esteban Garcia, Coordinador Estatal: 651843724
coordinadoraestatalplataformas@gmail.com
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