jueves, 28 de junio de 2012
ANA MATO NO SABE A QUIENES SE ENFRENTA
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia
(LAPAD), y que forman parte de la Coordinadora Estatal de Plataformas, ante las
manifestaciones sesgadas, tendenciosas y demagógicas de la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, sobre el futuro de la Ley de Dependencia,
queremos manifestar:
1.-
Consideramos que esta Ley ha sido el avance más importante en toda la historia
de la democracia en relación a los Servicios Sociales, una Ley elaborada con la
participación de los distintos colectivos políticos, sindicales y sociales, y
aprobada por el Parlamento de la Nación, el 14 de diciembre de 2006.
2.-
Manifestamos la perversidad y doble intención de la Ministra sobre la
viabilidad de esta ley, Ley que por otra parte este Ministerio ha ido
cercenando con la ayuda cómplice e inaceptable de las Comunidades Autónomas en
las que gobiernan sus compañeros de Partido.
3.- Cuando
la Sra. Mato manifiesta la imposibilidad de hacer frente a este ley por parte
de las Comunidades Autónomas, parece olvidar que ha sido su propio Gobierno el
que ha eliminado la partida del Nivel Acordado y que ascendía a 283 millones de
euros poniendo así a los pies de los caballos una Ley fundamental para la vida
diaria de miles y miles de personas dependientes
4.- Desde la
Coordinadora Estatal de las Plataformas reclamamos a la Sra. Mato y por extensión
al Presidente de la Nación, D. Mariano Rajoy el cumplimiento inequívoco del
compromiso adquirido ante los ciudadanos de nuestro País y que se plasmó en la votación
favorable que su grupo parlamentario realizó en el Congreso de los Diputados
sobre esta Ley.
5- No
entendemos la persistencia y tenacidad en el intento de derogación encubierta
de la Ley de Dependencia, con la complicidad de las Comunidades Autónomas
gobernadas por su partido si no es por el propio convencimiento del Gobierno
del Partido Popular de que las personas en situación de
Dependencia son responsabilidad única de sus familiares y no del propio Estado,
por lo que su fin último, impreso en sus genes ideológicos, es remitir a este
amplio colectivo a la CARIDAD Y BENEFICENCIA, una actitud propia de años
pasados que creíamos superados, al considerar a las personas dependientes como
seres de segunda categoría, improductivos y por tanto desmerecedores de los
derechos que dignifican a toda persona, tal como reconoce la Ley de Dependencia.
6.- Por último
queremos poner en conocimiento de la Ministra Ana Mato y del Presidente del
Gobierno que se equivocan si piensan que este hachazo ilegal, sangrante,
indigno e inhumano contra todos aquellos beneficiarios de la Ley de Dependencia
les va a resultar fácil y gratuito. Este colectivo ha sufrido durante décadas
el abandono, insolidaridad y desprecio de muchos gobiernos, por lo que sabe
perfectamente la situación a la que quieren volver a retrotraerlos y por tanto
no dudará en tomar y ejecutar cualquier acción o medida en defensa de la
dignidad de sus propias vidas.
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El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda
El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".
Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.
El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.
LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO
UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años
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Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años
Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano
Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.
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