En estas páginas se describe la andadura, llena de obstáculos, de una familia que ha solicitado el derecho a ser atendido de uno de sus miembros en situación de dependencia valorada como Grado 3, Nivel 2, es decir, un “gran dependendiente”, según la norma.
El proceso del reconocimiento del derecho sabemos que es largo, tortuoso en cuanto a la documentación solicitada, la desinformación, la ida y venida de profesionales, la sensación de que no acabará nunca, puesto que resulta una quimera que se dé el cumplimiento de plazos que marca el texto legal... Este proceso se acompaña del dolor de la familia; del difícil desembolso económico para hacer frente a una plaza residencial privada para una persona suprasistida (porque la pública ya nos hicieron saber que era imposible); de la degeneración y el empeoramiento de la salud de la persona en situación de dependencia; del progresivo deterioro en las relaciones familiares que una situación de estas características mantenida durante muchas años conlleva; de una vigilancia y seguimiento absoluto al centro residencial que debe atender las necesidades de tu ser querido; de un cansancio psicológico que se mezcla con tristeza al darte cuenta que la calidad de vida, su salud, el dolor que padece, está expuesto a múltiples riesgos y no precisamente fisiológicos. Y en este calvario, en esta carrera interminable de obstáculos, aparece una ley que nos hace sabedores de un nuevo derecho: el derecho a ser atendido por encontrarse en una situación de dependencia y el derecho a que la familia no se sienta como el único posible colchón.
Pero nuestra administración debe considerar que hay que ser “merecedores” de tal “premio” que no “derecho”, que además del calvario propio de la situación vivida se deben añadir nuevos obstáculos que muestren nuestra capacidad ciudadana de “aguante”, sometiendo nuestra conciencia a un “lavado” en el que quede claro que no hay derechos sino aquellas ayudas que se te concederán si superas las pruebas, y sobre todo, si haces voto de silencio y asumes que “lo que te den, bueno es”, “ que más vale tarde que nunca”, “¿qué le vamos hacer? como familia debemos cuidarlo, aunque nos cueste la ruina, la salud mental, la salud familiar” y que “hay gente que esta peor...”
En definitiva, como parte de este entrenamiento de dos años de espera, de un maltrato continuado, del silencio de la administración cuando no de la mala información que ésta ofrece, hemos tenido que soportar una llamada por teléfono, una forma un tanto irregular de relacionarse con el ciudadano, sin nada por escrito, en la que por fin!, se nos hace merecedores de una plaza residencial!
Lo sorprendente de la llamada, lo significativo si pensamos en la relación administración-ciudadano/a, es la misión del profesional (no sabemos si funcionario o contratado por la mercantil AVAPSA) que nos ofrecía – a modo del comercial más burdo- plazas en residencias del Grupo Savia, sin alternativa. Bueno sí, la alternativa de paralización del procedimiento si se solicitaba una prestación vinculada al servicio o si se solicitaba la permanencia de la persona en la residencia en la que estaba, en la que tras años de esfuerzo ya se la conocía, se conocía su enfermedad y los requerimientos específicos de cuidado, se encontraba próxima al domicilio de los familiares, etc. En definitiva, en lugar de velar por el interés del ciudadano, incluso por la supervivencia del mismo al peligrar su vida si se producen cambios, y más aún, ejercer el derecho a la plaza residencial mediante la prestación vinculada al servicio o plaza concertada en el propio centro, opciones que permite la Ley 39/2006 y que incluso se habían prescrito por el profesional del Servicio Municipal de la Dependencia, se insiste en que la única opción es la plaza en las residencias en pueblos alejados del área metropolitana que pertenecen, casualmente, al Grupo Savia.Esta administración-nada pública- prefiere velar por los intereses de la familia, de una familia, la de Cotino, por los intereses del Grupo Savia, y los “servidores” de la administración recomiendan en un estilo de mal comercial “coja lo que le ofrezco que hay lista de espera, y de aquí a que se le de lo que quieren...”; vamos esto suena al estribillo de cualquier mercadillo “venga nenas, que me lo quitan de las manos” ¿Dónde queda en este triste escenario el derecho del ciudadano? ¿dónde quedan las políticas de apoyo a la familia que debieran expresarse en estas circunstancias?, ¿dónde queda la responsabilidad pública de responder a sus necesidades? ¿dónde queda el criterio de los profesionales que atienden a los mismos? ¿dónde queda incluso la ideología conservadora que procesan pero que impide, en la práctica, la “libre competencia”?
El proceso del reconocimiento del derecho sabemos que es largo, tortuoso en cuanto a la documentación solicitada, la desinformación, la ida y venida de profesionales, la sensación de que no acabará nunca, puesto que resulta una quimera que se dé el cumplimiento de plazos que marca el texto legal... Este proceso se acompaña del dolor de la familia; del difícil desembolso económico para hacer frente a una plaza residencial privada para una persona suprasistida (porque la pública ya nos hicieron saber que era imposible); de la degeneración y el empeoramiento de la salud de la persona en situación de dependencia; del progresivo deterioro en las relaciones familiares que una situación de estas características mantenida durante muchas años conlleva; de una vigilancia y seguimiento absoluto al centro residencial que debe atender las necesidades de tu ser querido; de un cansancio psicológico que se mezcla con tristeza al darte cuenta que la calidad de vida, su salud, el dolor que padece, está expuesto a múltiples riesgos y no precisamente fisiológicos. Y en este calvario, en esta carrera interminable de obstáculos, aparece una ley que nos hace sabedores de un nuevo derecho: el derecho a ser atendido por encontrarse en una situación de dependencia y el derecho a que la familia no se sienta como el único posible colchón.
Pero nuestra administración debe considerar que hay que ser “merecedores” de tal “premio” que no “derecho”, que además del calvario propio de la situación vivida se deben añadir nuevos obstáculos que muestren nuestra capacidad ciudadana de “aguante”, sometiendo nuestra conciencia a un “lavado” en el que quede claro que no hay derechos sino aquellas ayudas que se te concederán si superas las pruebas, y sobre todo, si haces voto de silencio y asumes que “lo que te den, bueno es”, “ que más vale tarde que nunca”, “¿qué le vamos hacer? como familia debemos cuidarlo, aunque nos cueste la ruina, la salud mental, la salud familiar” y que “hay gente que esta peor...”
En definitiva, como parte de este entrenamiento de dos años de espera, de un maltrato continuado, del silencio de la administración cuando no de la mala información que ésta ofrece, hemos tenido que soportar una llamada por teléfono, una forma un tanto irregular de relacionarse con el ciudadano, sin nada por escrito, en la que por fin!, se nos hace merecedores de una plaza residencial!
Lo sorprendente de la llamada, lo significativo si pensamos en la relación administración-ciudadano/a, es la misión del profesional (no sabemos si funcionario o contratado por la mercantil AVAPSA) que nos ofrecía – a modo del comercial más burdo- plazas en residencias del Grupo Savia, sin alternativa. Bueno sí, la alternativa de paralización del procedimiento si se solicitaba una prestación vinculada al servicio o si se solicitaba la permanencia de la persona en la residencia en la que estaba, en la que tras años de esfuerzo ya se la conocía, se conocía su enfermedad y los requerimientos específicos de cuidado, se encontraba próxima al domicilio de los familiares, etc. En definitiva, en lugar de velar por el interés del ciudadano, incluso por la supervivencia del mismo al peligrar su vida si se producen cambios, y más aún, ejercer el derecho a la plaza residencial mediante la prestación vinculada al servicio o plaza concertada en el propio centro, opciones que permite la Ley 39/2006 y que incluso se habían prescrito por el profesional del Servicio Municipal de la Dependencia, se insiste en que la única opción es la plaza en las residencias en pueblos alejados del área metropolitana que pertenecen, casualmente, al Grupo Savia.Esta administración-nada pública- prefiere velar por los intereses de la familia, de una familia, la de Cotino, por los intereses del Grupo Savia, y los “servidores” de la administración recomiendan en un estilo de mal comercial “coja lo que le ofrezco que hay lista de espera, y de aquí a que se le de lo que quieren...”; vamos esto suena al estribillo de cualquier mercadillo “venga nenas, que me lo quitan de las manos” ¿Dónde queda en este triste escenario el derecho del ciudadano? ¿dónde quedan las políticas de apoyo a la familia que debieran expresarse en estas circunstancias?, ¿dónde queda la responsabilidad pública de responder a sus necesidades? ¿dónde queda el criterio de los profesionales que atienden a los mismos? ¿dónde queda incluso la ideología conservadora que procesan pero que impide, en la práctica, la “libre competencia”?
Familiar de persona dependiente. Una entre tantas que están sufriendo la NO aplicación de la LEY por el delito de vivir en la Comunidad Valenciana. Esta C. V. que tanto queremos
3 comentarios:
Sinceramente no sé cómo se pueden consentir estas cosas. Esto ya no es una democracia de baja intensidad, esto es una mofa de la Ley y un escarnio hacia las personas. ¿Cómo es posible que habiendo evidencias de esta forma interesada de actuar se permita la coacción a las familias?
¿Quien está al servicio de quién? ¿cómo hemos podido perder el norte de esta manera?...
Así es, por desgracia yo me encontré prácticamente en la misma situación hace tan solo un mes, solo que desesperada acepté lo que me ofrecían, bueno he de decir que pregunté por la nueva Residencia que iban a abrir en Valencia y para mi sorpresa me concedieron plaza, es posible que la persona que me llamó se diera cuenta de la desesperación que llevaba.
Dicho esto comparto totalmente lo que habéis percibido cuando os han llamado para ofreceros de la forma más indirecta y fría, a través de una llamada para que escogierais una residencia, lo que no acabo de entender que no os hallan ofrecido Residencias del grupo la "saleta", aunque debo decir que no me han hablado demasiado bien de ese grupo.
Tampoco puedo hablar demasiado bien de este grupo "savia", ya que mi madre lleva un mes en el de Campanar y el descontrol por falta de personal es impresionante, son aproximadamente 50 residentes y hay tres auxiliares por turno. Me dice la directora que están por encima de la exigencias, cosa que no me entra en la cabeza pues no me salen los números. Así ocurre que desde las 5 de la tarde que los llevan a realizar sus necesidades fisiológicas, hasta las 10 de la noche no los vuelven a llevar (si esto no es indigno que me lo expliquen porque eso de tener que hacerte tus cosas en el pañal no lo entiendo máxime cuando las personas que estan incapacitadas físicamente pero no sicológicamente saben perfectamente cuando tienen ganas de ir al baño y no los llevan porque la frase "no tenemos tiempo" es la que reciben constantemente los residentes). Esta es una de tantas pegas que podría contar y quiero contar si alguien me puede facilitar algún tipo de orientación en el sentido de a donde dirigirme para hacer todo tipo de denuncias o quejas que se produzcan en la Residencia, ya que la dirección de la misma pocas solución nos da. Mi intención es mejorar el servicio que se les presta a nuestros mayores y que los traten como personas y no como muebles que se colocan de un lado a otro a toda prisa.
un saludo y muchos ánimos, preguntar si tienen plazas públicas en Campanar, ya que la tercera planta la tienen vacía, aunque igual la tienen reservada para plazas privadas. Esto es lo que tiene no disponer de Residencias Públicas en esta puñetera Comunidad Autónoma.
Otro familiar de persona dependiente qué sí tiene plaza pero que sufre cada día por la falta de asistencia a un ser querido.
A fecha de hoy 23-3-2011, el descontrol que existe en la RESIDENCIA SAVIA CAMPANAR de Valencia, sigue existiendo. Yo tengo a mi madre en dicha residencia, se encuentra en una silla de ruedas, con una situación de total dependencia física pero no sicológica, por lo que se da cuenta de todo. Mis quejas ante la dirección han sido múltiples, pero no han rectificado absolutamente nada, muchas palabras pero pocos hechos.
La limpieza deja mucho que desear, la comida otro tanto y vestirlos….. es una verdadera pena como los encuentras y no digamos la asistencia médica ya que he llegado a comprobar que después de llevar la medicación para mi madre, a la semana siguiente me he encontrado la misma bolsa de medicamentos que yo llevé, tirada en un rincón de la enfermería sin ni siquiera abrirla. La calefacción o bien está floja o no funciona y así un largo etc.
Esta mañana sin ir más lejos, la han levantado, vestido y después la han dejado varias horas sola en su habitación, sin bajarla a desayunar y totalmente olvidada, lo que le ha producido una gran ansiedad y desasosiego.
Por todo lo expuesto me he visto en la necesidad de presentar una denuncia ante los órganos competentes.
El problema radica en que hay muchos residentes y poco personal cualificado para atenderlos.
Es una situación muy triste y muy penosa tanto para nuestros mayores, porque se encuentran muy indefensos, como para los familiares por la impotencia de ver que las residencias se han convertido en un negocio muy lucrativo y con pocos escrúpulos.
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